El Gobierno busca recuperar la iniciativa política y legislative tras el daño de imagen causado por el caso Manuel Adorni. La estrategia oficialista, centrada en la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, apunta a redirigir la atención pública hacia una agenda legislativa prioritaria, que incluye la reforma electoral con miras a un posible plan reeleccionista. Sin embargo, esta táctica es vista como reduccionista, ya que no aborda las causas subyacentes del descontento social, las cuales ya se manifestaban antes del escándalo Adorni e incluyen preocupaciones económicas fundamentales como precios, ingresos y empleo. La influencia de gobernadores, preocupados por la reciente baja en la coparticipación federal, se suma a las complejidades de estas negociaciones legislativas, especialmente en lo referente a la anulación de las PASO a cambio de sistemas de colectoras. La Secretaria General, Karina Milei, reafirma su poder en el tablero político post-Adorni, gestionando la influencia en el Congreso y en alianzas con figuras clave, mientras Santilli debe navegar estas tensiones para impulsar la agenda presidencial.