Un informe de VE Sin Filtro y DFRLab, titulado “Los vigilantes en la mira: Tecnologías de Vigilancia para el control político en Venezuela”, detalla un extenso y operativo sistema de vigilancia estatal que ha costado más de mil millones de dólares y afecta a unos 27 millones de venezolanos. Este aparato, que incluye monitoreo de video, intercepción de telecomunicaciones, ciberpatrullaje y ciberataques, funciona como un arma de control político y no de seguridad pública. A pesar de la destitución de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, la infraestructura de vigilancia permanece intacta, evidenciando su carácter estructural. El informe, suscrito por Andrés Azpúrua e Iria Puyosa, destaca la intercepción de telecomunicaciones como el engranaje más intrusivo, con cifras alarmantes de líneas intervenidas. El Sistema Patria y la aplicación VenApp son herramientas clave para la recolección masiva de datos y la promoción de la delación. Los servicios de inteligencia, como el Sebin y la Dgcim, coordinan el monitoreo de redes sociales y aplicaciones de mensajería, criminalizando la expresión en línea. La "Operación Tun Tun" de 2024 ejemplifica la articulación entre el espacio digital y acciones represivas directas. Los ciberataques y la incautación de dispositivos sin orden judicial son prácticas sistemáticas. La censura persiste con 206 sitios web bloqueados, incluyendo medios y plataformas de redes sociales, así como herramientas para evadirla. El marco legal para la criminalización de la disidencia, como la Ley Contra el Odio, sigue vigente. La colaboración con inteligencia cubana e iraní a través del CESPPA, aunque formalmente disuelto, subraya la complejidad del aparato de control. La expansión de cámaras de videovigilancia, impulsada por empresas chinas como CEIEC, Hikvision y Dahua, se ha acelerado, incorporando tecnología de reconocimiento facial y drones sin salvaguardias de privacidad.