En Morelos, la extorsión ha escalado de un delito aislado a un sistema de gobierno paralelo, afectando gravemente a la población. Las denuncias de extorsión aumentaron un 320% entre septiembre de 2024 y abril pasado, sumando 762 víctimas, lo que indica que más de una persona denuncia diariamente. Testimonios, como el del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, revelan la crueldad de la situación, donde familias en Huautla pagan hasta 1400 pesos mensuales por integrante a dos cárteles (La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación) para obtener "protección", bajo amenaza de quemas de negocios o muerte si no pagan. A pesar de las declaraciones oficiales de Claudia Sheinbaum y Édgar Maldonado sobre la investigación y la colaboración, la realidad en las calles es de miedo, silencio y abandono, con ciudadanos sintiéndose solos frente al crimen organizado y la impunidad, pues la soberanía y el poder efectivo han cambiado de manos, evidenciando un Estado ausente.