El presidente Donald Trump ha intensificado su política contra el narcotráfico tras designar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó la detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a nueve funcionarios y exfuncionarios, incluyendo a Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez. Se les acusa de conspiración para importar fentanilo, cocaína y heroína, además de posesión de armas prohibidas. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum cuestiona la falta de pruebas, el proceso se basa en el artículo 11 del Tratado de Extradición, que permite una detención preliminar de 60 días mientras se formaliza el expediente judicial completo.