El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, enviado al Senado por el gobierno de Javier Milei y defendido por el ministro Federico Sturzenegger, reavivó el conflicto con la Iglesia Católica al modificar la ley de integración sociourbana de 2018. La iniciativa, que establece un juicio sumarísimo para desalojar "okupas" o inquilinos morosos, fue rechazada por obispos como el cardenal Ángel Rossi, quien exigió "toda familia tenga un techo digno", y monseñores Marcelo Colombo y Gustavo Carrara, quienes argumentaron que viola el principio del destino universal de los bienes, basándose en encíclicas papales. La Iglesia defiende el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que registra 6.467 barrios de emergencia con 5 millones de personas, y advierte que en Córdoba podrían afectarse 40.000 familias. Organizaciones como Techo señalan que se eliminan la expropiación y la suspensión de desalojos por diez años.