El proyecto de Ley de la Vivienda, presentado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, busca modernizar la legislación habitacional de 1988 para alinearla con la Constitución de 2019 y las reformas económicas. Una de las modificaciones más significativas es la eliminación de la confiscación estatal de viviendas de emigrantes, reconociendo el derecho de los propietarios ausentes a nombrar representantes y permitiendo a los herederos mantener sus derechos patrimoniales, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, la ley introduce la figura de pérdida de propiedad por abandono si un inmueble se declara en ruina, lo que podría ser una vía para la adquisición estatal. La normativa también permite a personas naturales poseer hasta dos viviendas, autoriza la adquisición de propiedades por extranjeros bajo ciertas condiciones de inversión o necesidad médica, y formaliza el arrendamiento con opción a compra y el financiamiento hipotecario, aunque este último con regulaciones pendientes.