El PSOE habría activado una operación de desestabilización contra jueces, fiscales y policías solo 16 horas después de que Pedro Sánchez publicara su "Carta a la Ciudadanía" el 24 de abril de 2024, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Según investigaciones de la UCO, el partido utilizó fondos no registrados para financiar los desplazamientos de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Bajo la dirección de Santos Cerdán, Díez habría intentado reclutar al excomisario José Manuel Villarejo para obtener información comprometedora sobre el magistrado Manuel Marchena y otros funcionarios. La Guardia Civil sostiene que el objetivo era interferir en procesos judiciales mediante el ofrecimiento de beneficios procesales a Villarejo a cambio de datos sensibles, coordinando estas acciones desde la sede de Ferraz con la participación de altos cargos del Gobierno y del partido.