El PSOE enfrenta una situación crítica ante la posibilidad de ser imputado como persona jurídica en la causa judicial liderada por el juez Santiago Pedraz. La investigación se centra en la presunta financiación ilegal y el pago de hasta 4.000 euros mensuales a Leire Díez, la denominada "fontanera", para desactivar causas judiciales que afectaban al entorno del presidente Pedro Sánchez. El sumario sugiere que Santos Cerdán habría utilizado la estructura del partido para esta operativa, empleando facturas falsas a través de intermediarios. Mientras Moncloa intenta blindar a Sánchez negando cualquier vínculo con Díez, sectores internos del partido temen que esta crisis erosione su credibilidad antes de las elecciones de 2027. Además, una imputación del partido podría romper el apoyo de sus socios de investidura, quienes consideran la financiación ilegal un punto de no retorno.