El artículo aborda la fijación del salario mínimo en Colombia, destacando la tensión entre los principios constitucionales de protección al trabajo y garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, y los criterios técnicos definidos por la Ley 278 de 1996, como la inflación y la productividad. Se argumenta que la falta de un sólido respaldo técnico para traducir los principios constitucionales en cifras concretas amplía la discrecionalidad del Ejecutivo, haciendo que la decisión parezca más política que un ejercicio equilibrado. Se enfatiza que el Ejecutivo, al fijar el salario mínimo por decreto, debe justificar detalladamente cómo los criterios técnicos se han tenido en cuenta y por qué el incremento es razonable, incluso si se aparta de indicadores económicos, para evitar que estos criterios se conviertan en meras formalidades y no en límites materiales.