La Contraloría General de la República ha determinado presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la ONPE, incluyendo al exjefe Piero Corvetto, por irregularidades en la primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril. Estas irregularidades afectaron el derecho al sufragio de 55 261 electores de Lima Metropolitana. Se identificaron irregularidades en la contratación del servicio de transporte, con términos de referencia imprecisos y la asignación de puntajes no estandarizados que beneficiaron a un consorcio. Adicionalmente, se autorizó el traslado de equipos informáticos sin la debida gestión, provocando retrasos en la distribución y la no instalación de 187 mesas de sufragio. Se aprobaron también prestaciones adicionales al contrato de transporte sin sustento técnico ni legal.