En el contexto de las próximas elecciones de 2026, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, presentan enfoques marcadamente distintos para abordar la creciente inseguridad ciudadana, un tema crucial para el electorado peruano. Fujimori aboga por un estilo autoritario y medidas inmediatas, como la implementación del C5i en Lima y Callao, el fortalecimiento de Unidades de Flagrancia y la modernización de comisarías, con el objetivo de reducir la impunidad del 90% al 50%. Por su parte, Sánchez propone reformas estructurales y un enfoque comunitario, planteando una reforma de la Policía Nacional, la creación de unidades especializadas en inteligencia financiera y ciberdelito, y la derogación de leyes consideradas "procrimen", aunque su estrategia para la ejecución de estas medidas no es clara. Expertos advierten sobre la viabilidad de las ambiciosas metas de Fujimori y la falta de una estrategia definida en Sánchez, señalando que la extorsión es el principal desafío a enfrentar.