La Tesorería General de la República de Chile ha generado controversia al ejecutar embargos en condominios residenciales por multas impagas de la Dirección del Trabajo. Uno de los casos más emblemáticos es el del edificio Altavista en La Florida, donde se retuvieron más de $9 millones de su cuenta corriente. La sanción se originó por irregularidades en el sistema de control de asistencia de los trabajadores, específicamente la falta de certificación del reloj de marcaje. Este monto tuvo un fuerte impacto en la administración, cuyo presupuesto mensual es de aproximadamente $15 millones, afectando pagos de sueldos y proveedores. El administrador señaló que la multa fue cursada en una gestión anterior y que no hubo avisos claros ni opciones de pago en cuotas antes del embargo.