En Los Cabos, el Cártel de Sinaloa, específicamente la facción de Los Chapitos, ha consolidado su control financiero mediante la extorsión a la industria turística y la distribución ilícita de agua. Hoteleros y empresarios del sector, operando bajo una atmósfera de miedo ante represalias como secuestros y agresiones físicas, declaran que deben "alinearse" con el cártel para evitar daños. Se estima que la organización criminal genera entre siete y diez millones de dólares mensuales solo por concepto de tiempos compartidos, con negocios más pequeños debiendo aportar hasta 400 mil dólares al mes. La corrupción en el gobierno municipal, del Partido del Trabajo, facilita estas operaciones, especialmente en el desvío y venta de agua a través de pipas, cuyo negocio beneficia a la autoridad y al crimen organizado, dejando a la población sin acceso al suministro a través de la red pública. Las autoridades federales, estatales y municipales son conscientes de esta situación, pero la falta de confianza en las instituciones para presentar denuncias debido a la infiltración del crimen organizado perpetúa el problema.