El lunes comenzó a regir el nuevo deber de informar, que los críticos denominan la "ley de delatores". La ley establece que seis agencias específicas están ahora obligadas a informar a la Policía, la Säpo o la Agencia de Migración sobre personas que tengan motivos para creer que se encuentran en Suecia de forma ilegal. Las instituciones involucradas son la Agencia de Empleo (Arbetsförmedlingen), la Seguridad Social (Försäkringskassan), el Servicio Penitenciario (Kriminalvården), la Agencia de Cobro Coactivo (Kronofogden), la Agencia de Pensiones (Pensionsmyndigheten) y la Agencia Tributaria (Skatteverket).