El lunes comenzó a regir el nuevo deber de informar, que los críticos denominan "ley de delatores". La ley establece que seis entidades específicas están ahora obligadas a informar a la Policía, al Säpo o a la Agencia de Migración sobre personas que tengan motivos para creer que se encuentran en Suecia de manera ilegal. Las entidades involucradas son el Servicio de Empleo (Arbetsförmedlingen), la Seguridad Social (Försäkringskassan), el Servicio Penitenciario (Kriminalvården), la Agencia de Ejecución Fiscal (Kronofogden), la Agencia de Pensiones (Pensionsmyndigheten) y la Agencia Tributaria (Skatteverket).