El lunes comenzó a aplicarse el nuevo deber de informar, que los críticos denominan "ley de delatores". La ley establece que seis agencias específicas están ahora obligadas a informar a la Policía, al Säpo o a la Agencia de Migración sobre personas que tengan motivos para creer que se encuentran en Suecia de forma ilegal. Las agencias afectadas son el Servicio de Empleo (Arbetsförmedlingen), la Administración de Seguros Sociales (Försäkringskassan), el Servicio Penitenciario (Kriminalvården), la Agencia de Ejecución Fiscal (Kronofogden), la Agencia de Pensiones (Pensionsmyndigheten) y la Agencia Tributaria (Skatteverket).