El lunes comenzó a aplicarse el nuevo deber de informar, que los críticos denominan "ley de delatores". La ley establece que seis agencias específicas ahora están obligadas a informar a la Policía, a Säpo o a la Agencia de Migración sobre personas que tengan motivos para creer que se encuentran en Suecia de manera ilegal. Las agencias involucradas son el Servicio de Empleo (Arbetsförmedlingen), la Administración de Seguros (Försäkringskassan), el Servicio Penitenciario (Kriminalvården), la Agencia de Cobranza (Kronofogden), la Agencia de Pensiones (Pensionsmyndigheten) y la Agencia Tributaria (Skatteverket).