Isabel Zuleta, senadora y líder de la delegación de paz del Gobierno en Medellín, defiende la suspensión de órdenes de captura contra 23 jefes de bandas criminales como una medida esencial para mantener el diálogo, aclarando que no frena investigaciones ni exime de responsabilidades. Esta decisión ha intensificado las tensiones con la Fiscalía, que cuestiona la intervención del gobierno en la evaluación de los avances, y ha reavivado el debate sobre la política de "paz total" en Medellín y el Valle de Aburrá. Zuleta enfatiza que la suspensión es una garantía mínima para quienes participan en los acercamientos, evitando su captura durante el proceso, y no representa un beneficio ni un obstáculo para la justicia, ya que las investigaciones en curso continúan. La ley de Paz Total permite estas suspensiones para facilitar el acercamiento y la construcción de procesos de paz, pero la Fiscalía ha intervenido en la valoración de los avances, lo cual la delegación considera arbitrario.