El Tribunal Constitucional comenzó a analizar los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra el proyecto Escuelas Protegidas, una iniciativa aprobada por el Congreso que busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales. La revisión se centra en disposiciones como la facultad de revisar mochilas y pertenencias de los estudiantes, la posibilidad de solicitar intervención policial en casos de violencia y la restricción del acceso a la gratuidad en la educación superior para personas condenadas por ciertos delitos.