España ha formalizado ante la Unión Europea su rechazo al nuevo Reglamento de Retornos, componente esencial del Pacto Europeo de Migración y Asilo. A través de una carta remitida al Comité de Representantes Permanentes, el Gobierno español cuestiona la legalidad, proporcionalidad y operatividad de la norma. El Ejecutivo denuncia que el texto permite privaciones de libertad de hasta 24 meses, con prórrogas indefinidas, superando incluso las penas de criminales condenados por delitos graves. Asimismo, España manifiesta una "enorme preocupación" por la creación de centros de retorno en terceros países, alertando sobre la inseguridad jurídica, la posible vulneración del principio de no devolución y el riesgo de enviar a familias con menores a países sin vínculos previos, lo que podría afectar gravemente la credibilidad de la política exterior europea.