Estados Unidos ha flexibilizado sus sanciones sobre Venezuela, permitiendo la incorporación de legislación venezolana en contratos y ampliando las jurisdicciones para resolver disputas comerciales. Estas modificaciones, publicadas por la OFAC, se centran en los sectores de petróleo, gas natural, petroquímica, minería y generación eléctrica, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras. Anteriormente, los acuerdos debían regirse exclusivamente por leyes estadounidenses, lo que representaba un obstáculo. Ahora, se reconocerán aspectos de permisos administrativos, regulaciones laborales y ambientales venezolanas. Las controversias podrán resolverse en tribunales del Reino Unido, Francia o Singapur, además de Estados Unidos. Sin embargo, se mantienen restricciones financieras y prohibiciones sobre transacciones con entidades sancionadas, Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, y el uso de criptomonedas venezolanas. Se exige a las empresas reportar detalles operativos y, en el caso de minerales, rastrear su origen.