Estados Unidos ha sancionado al activista mexicano Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, acusándolo de vínculos con el crimen organizado y de liderar una campaña de desinformación a favor del Cártel del Noreste. Estas sanciones, que incluyen el congelamiento de sus bienes, se producen después de que Ramos denunciara haber sido espiado con el software Pegasus durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, presuntamente por el Ejército mexicano. Las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas públicas que respalden estas acusaciones, lo que ha generado polémica y reavivado el debate sobre la vigilancia estatal, los derechos humanos y la credibilidad de las acusaciones internacionales en un contexto de alta presencia de grupos criminales en Nuevo Laredo.