La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando presuntos fraudes laborales que implican el pago de más de mil 230 millones de pesos del ISSSTE a 880 ex servidores públicos, principalmente ex agentes de las desaparecidas Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública Federal. Estas indemnizaciones globales, ordenadas a través de seis laudos presuntamente ilegales, fueron solicitadas a pesar de que los ex agentes no tenían derecho a pensión por jubilación ni a esta prestación, la cual fue derogada en 2007. La investigación señala irregularidades como la incompetencia territorial de la Junta Especial 42 de la JFCA en Torreón, Coahuila, y omisiones en los procedimientos para determinar el salario base. Gracias a la detección del fraude, la JFCA detuvo la ejecución de los laudos y la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial 42 el 17 de junio de 2024.