El exdiputado Joaquín Lavín León será formalizado ante el Séptimo Juzgado de Garantía por presunto fraude al fisco y tráfico de influencias, tras el desafuero confirmado por la Corte Suprema. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente lo acusa de desviar más de $104 millones de asignaciones parlamentarias para fines personales y electorales, utilizando la plataforma SocialTazk —desarrollada con cerca de $93 millones de fondos públicos— como mecanismo central para la gestión electoral. Aunque la Corte excluyó los delitos tributarios, la fiscalía mantiene su foco en los ilícitos contra la administración pública. La defensa rechaza los cargos y atribuye las irregularidades, incluidas facturas de la Imprenta MMG por unos $10 millones, a "errores administrativos" sin intencionalidad fraudulenta.