Expertas de la ONU, Margaret Satterthwaite y Gina Romero, condenaron la remoción del juez Oswaldo Ordóñez Alcántara por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú, calificándola de "represalia" por su participación en una audiencia ante la CIDH en noviembre de 2024. Ordóñez, presidente de la Sala Primera de lo Constitucional de Lima y de la ANMP, había denunciado la desestabilización del sistema de justicia por parte del Congreso y el Ejecutivo. Las relatoras señalaron que el interrogatorio y la no ratificación, tras una denuncia de una congresista en septiembre de 2025, buscan castigar y silenciar al juez, afectando la independencia judicial en el país. Instaron a la JNJ a cumplir con las normas de derechos humanos.