Fenalco critica la suspensión parcial del impuesto al patrimonio decretado por el gobierno de Gustavo Petro, argumentando que la medida de la Corte Constitucional no soluciona los problemas de fondo y mantiene riesgos para las empresas. El gremio señala que, a pesar de las exclusiones para personas jurídicas sin ánimo de lucro y empresas en liquidación, la obligación persiste para compañías con altos capitales, lo que considera inconstitucional y perjudicial. Fenalco cuestiona el uso del estado de emergencia para financiar al estado y la falta de conexidad del impuesto con la crisis declarada. Advierten que este tributo es confiscatorio, puede descapitalizar empresas, afectar la inversión y el empleo, e incluso repercutir en tarifas para los ciudadanos, y solicitan un "escudo fiscal".