El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que mantuviera en secreto su investigación sobre las "cloacas" del PSOE, evitando así que la cúpula política del cuerpo, incluida la directora general Mercedes González y el Director Adjunto Operativo Manuel Llamas, fueran informados antes de las intervenciones del 27 de mayo. Pedraz exigió que la UCO solo le informara a él y a la Fiscalía Anticorrupción para prevenir filtraciones, una medida similar a la tomada en el caso Plus Ultra donde se desconfiaba de las cúpulas policiales. La estrategia buscaba asegurar el sigilo de las pesquisas, que han llevado a la imputación de altos cargos y a la solicitud de prisión provisional por parte de las acusaciones.