La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que obliga al Ejecutivo a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras más de dos años de reclamos sociales y litigios. El tribunal determinó que los salarios y las becas tienen carácter alimentario, lo que exige su actualización inmediata. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, afirmó en Infobae que el respaldo social fue transversal: “Están todos los colores políticos, y sin embargo, en cuanto a un reclamo real, todos salimos juntos”. El Gobierno intentó desacreditar la demanda con acusaciones de irregularidades, pero Cagnacci señaló que no presentaron pruebas ante la justicia.