El fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, sostuvo que el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Chile, no fue un delito común, sino una operación política coordinada con posibles vínculos con el gobierno de Venezuela. Barros afirmó que, según la evidencia recabada—comunicaciones y niveles de coordinación—es "imposible" que el presidente Nicolás Maduro no tuviera conocimiento del plan. Descarta que fuera un secuestro extorsivo, ya que la víctima no encajaba en el perfil y no hubo exigencias económicas. El fiscal reveló que la investigación apunta a un contexto más amplio denominado "Operación Araña", un presunto plan para perseguir opositores venezolanos en el extranjero, y señaló que existen antecedentes que vinculan al ministro Diosdado Cabello, aunque no hay indicios de participación directa de Maduro en la ejecución. Las diligencias continúan para identificar a todos los responsables.