La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de Colombia han rechazado enérgicamente el anuncio del ELN sobre "condenas" y "juicios revolucionarios" contra cuatro personas que mantiene secuestradas, calificando estas acciones como un delito y un ultraje a la dignidad humana. Ambas instituciones reafirmaron que, en un Estado Social de Derecho como Colombia, la administración de justicia recae exclusivamente en los jueces y las instituciones de la Rama Judicial, respetando la vida, integridad y libertad de los ciudadanos. El comunicado subraya que el secuestro, práctica prohibida internacionalmente, causa un daño irreparable a las víctimas, sus familias y la confianza social, y exige la liberación incondicional de los secuestrados como muestra de voluntad de paz. Las víctimas identificadas incluyen a dos miembros del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados en mayo de 2025 y condenados a 60 y 55 meses respectivamente, y a dos policías de la Dijin, Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en julio y condenados a 36 y 32 meses por espionaje y perfidia.