Durante el año 2024, el sistema de justicia en México enfrentó una crisis de impunidad significativa, ya que el 34.4 por ciento de las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías fueron enviadas al archivo temporal. Esta situación implica que uno de cada tres delitos cometidos en el país queda en una especie de "congeladora" jurídica, sin avanzar hacia una resolución o sentencia. Como resultado de esta ineficiencia procesal, México acumula actualmente más de 3 millones de casos sin resolver. El reporte destaca la incapacidad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia para procesar la carga de delitos, lo que profundiza la desprotección de las víctimas y consolida un escenario donde la mayoría de las denuncias no llegan a una conclusión legal efectiva.