El artículo critica la ineficiencia de las fiscalías en México, argumentando que se han convertido en obstáculos para la justicia en lugar de ser fuentes de esperanza para las víctimas. A pesar de la gran cantidad de delitos cometidos anualmente (alrededor de 33.5 millones según el INEGI), solo una fracción se denuncia, y de estas, la mayoría jamás avanza formalmente, resultando en un abrumador 93% de crímenes sin resolver. La gente ha perdido la fe en el sistema debido a la burocracia, la falta de resultados, las humillaciones y la ineficacia para resolver casos como feminicidios, robos o desapariciones. El autor señala que el problema no es la falta de leyes, sino la incapacidad de perseguir delitos, lo que incentiva la impunidad y rompe la confianza entre el Estado y la ciudadanía. Las fiscalías, en lugar de amparar a las víctimas, a menudo favorecen a quienes ostentan el poder, y la simulación de procurar justicia ha normalizado la impunidad.