La política de "paz total" del presidente Gustavo Petro ha fracasado, ya que cuatro de cada diez criminales beneficiados con la suspensión de órdenes de captura han vuelto a delinquir. La Fiscalía colombiana busca a 84 de estos individuos, quienes utilizaron las negociaciones como plataforma para expandir su poder criminal, resultando en un aumento de muertes, secuestros, extorsiones y narcotráfico. Se destinaron más de 100.000 millones de pesos a estos diálogos fallidos, cubriendo gastos de protección, viáticos y transporte para los negociadores. Grupos como el ELN y las disidencias de las FARC han sido los más beneficiados, incrementando su presencia territorial y capacidad bélica, mientras que las desmovilizaciones han alcanzado mínimos históricos.