El gobierno mexicano, bajo la presidencia de Sheinbaum, ha adoptado una postura pragmática y necesaria hacia el fracking, una técnica que previamente había oficializado como inaceptable en 2018 debido a preocupaciones ecológicas, de soberanía energética y su dependencia de compañías extranjeras. Esta reversión estratégica busca incrementar significativamente la producción de gas natural del país, pasando de 2,300 a 5,800 pies cúbicos anuales para 2030, con el fin de reducir la dependencia de las importaciones, de las cuales México ya adquiere el 75% de su suministro de Estados Unidos. La decisión subraya un cambio de política que reconoce la importancia de esta tecnología, previamente criticada por su uso intensivo de agua y dominio extranjero, para asegurar el futuro energético de México y abordar las carencias actuales, lamentando el tiempo perdido desde su prohibición inicial.