El Consejo de Estado de Colombia dictaminó el 16 de abril de 2026, tras levantar la reserva legal por parte del Ministerio del Interior, que las empresas privadas no pueden sustituir a la fuerza pública en el control del orden en eventos masivos como partidos de fútbol profesional o conciertos. La decisión responde a un prolongado desacuerdo entre la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y la Policía, y prioriza la protección de la vida sobre intereses logísticos. El Estado mantiene su responsabilidad constitucional ineludible de cuidar a los asistentes, mientras que la seguridad privada se limita a funciones como la requisa y la logística, sin poder ejercer control de orden público ni usar la fuerza de manera similar a la Policía, lo cual ha sido un punto crucial desde sentencias anteriores y códigos de policía que buscaban dilucidar estas responsabilidades, especialmente ante el antecedente de 154 muertes vinculadas a partidos de fútbol entre 2004 y 2018.