La Contraloría General de la República ha revelado que 6.311 funcionarios públicos habrían trabajado entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica, vulnerando el reposo prescrito. De estos, 2.538 recibieron remuneraciones de otras instituciones, 3.611 percibieron honorarios por trabajos realizados, y 162 obtuvieron ambos tipos de ingresos. Se detectaron reincidencias, con 150 servidores que utilizaron plataformas digitales como Cabify y Rappi, y otros casos previos de viajes al extranjero o asistencia a casinos. La Contraloría remitirá estos antecedentes a la fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, y notificará a las instituciones para iniciar procedimientos disciplinarios. Las entidades con mayor número de funcionarios involucrados son Fundación Integra (1.838) y Junji (1.733).