El Gobierno colombiano anunció acciones jurídicas tras la decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, que ordenaba a los fondos privados de pensiones trasladar aproximadamente $25 billones a Colpensiones. Los Ministerios de Hacienda y Trabajo expresaron respeto por las decisiones judiciales, pero advirtieron sobre las profundas implicaciones para la sostenibilidad del sistema pensional y los derechos de los trabajadores. Argumentan que el decreto buscaba dar coherencia financiera y asegurar que los recursos de quienes se trasladaron al régimen público acompañaran las obligaciones pensionales. El Gobierno considera "inequitativa" la pretensión de los fondos privados de mantener el control sobre estos ahorros, especialmente para quienes ya consolidaron su derecho pensional. La suspensión se dio luego de una demanda de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quienes sostienen que el decreto contradice la Ley 2381 de 2024 al anticipar traslados que deberían ocurrir al momento de la jubilación.