El Gobierno español ha invertido 51.457 € en un servicio telefónico para gestionar quejas y consultas relacionadas con diversas leyes, incluyendo la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esta ley, destinada a la nacionalización masiva de descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, ha generado un volumen considerable de solicitudes. El contrato, adjudicado a Betan, S.A., busca atender el acumulado de 6.358 quejas y reclamaciones pendientes hasta noviembre de 2025. Según el Ministerio de Exteriores, casi 2,5 millones de descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad bajo esta ley. Esta situación ha tenido un impacto electoral visible, como demuestra la victoria del PSOE en el voto CERA de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, donde el censo se disparó un 15% debido a esta ley.