El Gobierno presentó con suma urgencia ante la Cámara de Diputados el proyecto para crear el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, una iniciativa clave de la estrategia de seguridad del presidente José Antonio Kast. El proyecto propone sanciones que van desde uno hasta cinco años de privación de beneficios sociales para quienes cometan actos vandálicos, agresiones a Carabineros o fiscales, y faltas menores como rayados o loterías no autorizadas. El registro sería operado por el Registro Civil y financiado por el Ministerio de Hacienda. No obstante, la oposición ha presentado reservas de constitucionalidad, criticando la falta de proporcionalidad en las penas, ya que conductas leves reciben tratamientos similares a delitos graves. Además, advierten que la pérdida de beneficios sociales impactaría desproporcionadamente a la clase media y a organizaciones sociales que realizan rifas.