Una revisión interna de los servicios públicos del Gobierno Central chileno, que abarcó más de 500 entidades y 913 millones de registros administrativos y financieros, ha generado alertas preliminares por más de US$9.200 millones. Estos hallazgos, que no constituyen pruebas de fraude por sí solos, señalan riesgos fiscales, debilidades administrativas e irregularidades potenciales. Entre las principales preocupaciones se encuentran US$3.200 millones en pagos postergados para 2025-2026, deudas con proveedores, compras públicas bajo mecanismos de trato directo o compra ágil, y US$150 millones pendientes de recuperación por subsidios de licencias médicas. Se han anunciado investigaciones específicas en Junaeb, Ministerio de la Mujer, Subsecretaría de Transportes y ANID, con la posibilidad de remitir antecedentes a la Contraloría o la Fiscalía.