El Gobierno argentino está monitoreando de cerca el impacto del caso del patrimonio de Manuel Adorni en sus relaciones con aliados y gobernadores dialoguistas, especialmente en medio de negociaciones legislativas cruciales. Las contradicciones en las explicaciones patrimoniales del jefe de Gabinete han generado "ruido político" y preocupación en la Casa Rosada, complicando acuerdos necesarios para aprobar proyectos como el super-RIGI, la Ley de Lobby y la reforma electoral. El Ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previstas reuniones con gobernadores clave como los de Chaco y San Juan esta semana para mantener canales de negociación abiertos y evitar que el caso Adorni paralice la agenda del Ejecutivo. Sectores como el PRO han expresado distancia, calificando la situación como una "falta grave", mientras la oposición busca avanzar con pedidos de interpelación y censura. El Gobierno intenta contrarrestar con una agenda de gestión y anuncios económicos.