El gobierno de México ha oficializado una reforma que establece un tope máximo para las pensiones y jubilaciones del sector público a partir del 11 de abril de 2026. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, esta medida busca ordenar el gasto público y asegurar la sostenibilidad del sistema de retiro ante el creciente número de beneficiarios y los retos fiscales. La reforma limitará los montos de retiro, independientemente de los altos salarios que los servidores públicos hayan percibido, con el objetivo de evitar pagos desproporcionados y garantizar la equidad. Aunque la reforma es oficial, los detalles operativos, como el monto exacto del tope, se definirán en leyes secundarias.