La denominada 'ley silla', aprobada por el Congreso a fines de abril, obliga a los empleadores a proporcionar asientos a trabajadores que realizan labores de pie por tres o más horas, en sectores como comercio minorista, hostelería y salud. Tras ser enviada al Ejecutivo, este devolvió observaciones el 1 de junio, aceptando la propuesta pero sugiriendo mejoras. La principal modificación establece que los descansos para alternar la postura de pie y sentado serán considerados parte de la jornada laboral, lo que implica que son remunerados. La Comisión de Trabajo aprobó el nuevo dictamen el 5 de junio, y la Junta de Portavoces lo ha incluido en la agenda del pleno, que debe sesionar antes del 24 de junio.