El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció acciones legales por injuria y calumnia contra Carlos Alonso Lucio tras la suspensión del proceso de empalme con el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. La decisión gubernamental surge luego de que Lucio, en una entrevista con Cambio, afirmara que el presidente Gustavo Petro debería ser judicializado y que podría ser extraditado. El Gobierno sostiene que estas declaraciones son ataques intencionales para obstaculizar la transición institucional. Por su parte, Lucio argumentó que la extradición es una posibilidad ante las denuncias existentes contra el mandatario. Sin embargo, expertos como el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, aclararon que la extradición no es una decisión política unilateral, sino un proceso que requiere una solicitud formal de un Estado extranjero mediante un proceso penal avanzado.