La Procuraduría General de la Nación ha solicitado con carácter de urgencia la suspensión del contrato para la expedición de pasaportes, suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, que entró en vigencia el 1 de abril de 2026. Esta petición se presenta como coadyuvancia a una acción popular que busca proteger derechos colectivos y exige un proceso de contratación transparente. El procurador delegado Marcio Melgosa respalda los argumentos de la acción popular, citando ausencia de planeación precontractual, vacíos en la justificación y subcontratación por una entidad sin capacidad técnica. Se argumenta que el peligro de demora es evidente, ya que la ejecución del contrato avanza y la maquinaria está en curso, consolidando hechos que limitan la capacidad del juez para restaurar el orden jurídico. Se pide la implementación de un nuevo esquema contractual que garantice planeación, transparencia y competencia.