Gremios del Atlántico y Magdalena, junto con cámaras de comercio y la ANDI, han calificado como "irresponsable" e "imprudente" el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de Air-e, empresa intervenida. La Veeduría Ciudadana argumenta que la medida carece de sustento jurídico y viola la Constitución y leyes de servicios públicos al no prever un operador de reemplazo, plan de pagos a generadores ni garantías de continuidad. Señalan que las deudas acumuladas, que superan los $2,5 billones con generadores y proveedores, se originaron durante la administración del Gobierno Nacional. Advierten que un proceso de liquidación mal ejecutado, especialmente en el contexto del fenómeno de El Niño y la vulnerabilidad energética del país, podría generar un desabastecimiento y un apagón a nivel nacional, afectando a más de 1,3 millones de usuarios.