El artículo informa sobre la acumulación de más de 400 millones de pesos en contratos estatales por parte de un activista vinculado a la campaña de Cepeda. Aunque el titular sugiere un número de siete contratos, la información principal se centra en la gran suma de dinero obtenida por esta persona a través de vinculaciones con el Estado. El texto no proporciona detalles específicos sobre los contratos, las entidades estatales involucradas ni el nombre del activista, enfocándose únicamente en el monto y su conexión con la campaña mencionada, lo que genera interrogantes sobre la transparencia y la asignación de recursos públicos.