El dictamen de la Contraloría que concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, actuó fuera del marco de sus atribuciones legales al solicitar antecedentes a la PDI sobre funcionarios en una investigación penal, ha reavivado el debate sobre una posible acusación constitucional en su contra. La exautoridad, del gobierno de José Antonio Kast, vulneró el deber de abstención, según el organismo fiscalizador, al intervenir en un caso que involucraba a excolegas de su etapa como fiscal regional de Tarapacá.