El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha presentado dos proyectos de ley para combatir la violencia escolar, enfocados en la prevención y la sanción de delitos en establecimientos educacionales. La primera iniciativa busca agravar las penas para delitos cometidos en recintos escolares, mientras que la segunda, "Escuelas Protegidas", contempla medidas como la revisión de pertenencias, mayor empoderamiento docente y sanciones para quienes interrumpan las clases. Sin embargo, un punto clave que genera división en el oficialismo es el artículo 6, que establece la inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior para quienes hayan sido condenados por delitos graves en los últimos cinco años, lo que ha llevado a parlamentarios a pedir cautela y a evaluar la proporcionalidad de las sanciones. El ministro de la Segpres, José García, se ha mostrado abierto a recibir indicaciones para ajustar los proyectos.