El Juzgado de Instrucción 39 de Madrid ha imputado a varios directivos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), incluyendo a su gerente Alfonso Sánchez Vicente, por la presunta contratación irregular de un despacho privado, Ecija Legal, por 60.000 euros más IVA para defender a la empresa pública. Esta causa, iniciada por una denuncia de Podemos y Más Madrid, investiga la posible prevaricación administrativa derivada de la adjudicación de este contrato para defender a la EMT en un caso previo relacionado con la editora de 'Okdiario'. Dicho caso original, que investigaba una supuesta malversación por un contrato de 72.600 euros para organizar charlas sobre movilidad sostenible, fue archivado por el juez Juan Carlos Peinado. La nueva imputación se centra en la justificación de externalizar servicios legales cuando la EMT ya cuenta con un departamento jurídico propio, considerando que podría ser un intento de defender a los directivos investigados y un uso indebido de fondos públicos, además de vulnerar los principios de la contratación pública al usar un procedimiento negociado sin publicidad.